ONU habló sobre el caso de justicia indigena en Ecuador

El relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, instó hoy al Gobierno de Ecuador y a los grupos indígenas de ese país a abrir un proceso de diálogo sobre la aplicación de la justicia ancestral.
En un comunicado difundido por la oficina en Quito de las Naciones Unidas, Anaya exhortó al diálogo entre actores políticos y organizaciones indígenas de Ecuador, “para construir de manera participativa y consultada los mecanismos de coordinación y de cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena”.



“La clave está en el diálogo basado en los principios de tolerancia y respeto a los derechos humanos”, subrayó el experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos para estudiar la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.
Según él, “resulta contraproducente para la construcción del Estado intercultural y plurinacional, que declara la nueva Constitución de Ecuador” el que se califique de “salvaje y violatoria de los derechos humanos a toda expresión de la justicia indígena”, basada en noticias parciales de medios de comunicación.
Se refirió a un caso ocurrido el pasado 9 de mayo en la comunidad indígena de La Cocha, en la provincia andina de Cotopaxi, donde los campesinos detuvieron a unos jóvenes acusados de asesinar a un miembro de esa localidad.
Aunque en un principio la comunidad sentenció a la pena de muerte al principal sospechoso, luego le condenó a un escarnio público y a trabajo, lo que fue calificado por medios de información y varias autoridades como una “barbaridad”.
Por ello, Anaya, en el escrito, expresó su “profunda preocupación” por el “ambiente de polarización” que ha surgido por algunos comentarios de prensa y de autoridades, que “trascienden la crítica razonable y ponderada de un caso concreto de aplicación de la justicia indígena”.
Esas declaraciones “corren el riesgo de ser percibidas como posiciones que alientan visiones racistas y discriminatorias contra el conjunto de los pueblos indígenas de Ecuador”, añadió.
Anaya recordó que la Constitución ecuatoriana reconoce la igualdad entre la jurisdicción indígena y la ordinaria, y establece que los principios de relación entre ambas son de cooperación y coordinación.

Fuente: Teleamazonas