Empresas relacionadas con el derrame de petróleo se acusan mutuamente en el Senado de Estados Unidos

Los directivos de las empresas relacionadas con el derrame en el Golfo de México se culparon hoy unos a otros durante una audiencia en el Senado en la que se examinó una catástrofe que claramente nadie puede ahora controlar.
La primera audiencia pública sobre este desastre ecológico apuntó hacia problemas de seguridad en las plataformas y de rigor en el ejercicio del control gubernamental.
El presidente del Comité de Energía del Senado, Jeff Bingaman, dijo, al inicio de la audiencia, que la explosión de la plataforma operada por British Petroleum (BP), propiedad de Transocean y en la que Halliburton trabajó como subcontratista, obedece probablemente a una "cascada de errores técnicos, humanos y de las regulaciones".
Los ejecutivos de BP, Transocean y Halliburton, que declararon bajo compromiso, insistieron en que es pronto para sacar conclusiones pero aun así no dudaron en culparse mutuamente por la explosión de la plataforma el 20 de abril.
Se deduce que unos 800.000 litros diarios de crudo, alrededor de 5.000 barriles, fluyen cada día al Golfo desde entonces.
BP estaba explorando el pozo submarino del que ahora mana petróleo al mar y tenía la intención de clausurarlo de forma temporal con capas de cemento antes de pasar a la fase de aprovechamiento.
Ministro Jalkh: “Los uniformados están trabajando para impedir el cierre de vías”
Gustavo Jalkh, ministro de Gobierno informó hoy en rueda de prensa que la Policía Nacional logró mantener operativas las principales vías del país, a pesar de esporádicos bloqueos en carreteras de Otavalo y Cayambe.
Con respecto a las congregaciones indígenas Jalkh afirmó que “la Policía está haciendo un trabajo agudo desde la madrugada de este lunes para hacer efectuar el pedido de la comunidad, de los transportistas y de los habitantes en general de que la vía se abra para poder efectuar sus labores diarias como ir a sus lugares de trabajo, colegios, etc”, explicó el secretario de Estado.
Dijo también que en Guachalá, Cayambe, los efectivos policiales debieron actuar con mayor cautela y prudencia en virtud de que “un sector de la dirigencia indígena movilizó a mujeres con niños en brazos.
“Las vías se pudieron restablecer en horas de la noche”, indicó. Jalkh, quien recordó que la policía actúa en cumplimiento de la disposición Constitucional (…) Nadie puede cometer el delito de cerrar vías atentando contra el derecho colectivo”, recordó.
Indicó que los uniformados tienen la disposición de conservar abiertas las vías a nivel nacional con un trabajo competitivo y enmarcado en el acatamiento de los derechos humanos.
En los operativos policiales también participan 16 fiscales con el fin de regularizar acciones en caso de que se origine el cometimiento de ilícitos. Según comunicó el ministro Jalkh, hasta el momento no se ha logrado ninguna detención.
Fuente: Ecuavisa